Studie toont aan dat meeste Spaanse openbare universiteiten niet voldoen aan quota voor docenten met een beperking
“Tengo una discapacidad, ¿puedo ser docente en la universidad?”
Forensische Beoordeling van de Kop: De retorische vraag is vervangen door een feitelijke kop gebaseerd op onderzoeksresultaten.
Uit een analyse van Spaanse openbare universiteiten tussen 2016 en 2025 blijkt dat er op grote schaal niet wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om 7% van de onderzoeks- en docentfuncties te reserveren.
La legislación española establece que un mínimo del 7 % de las vacantes de empleo público deben reservarse para personas con discapacidad, un principio compatible con los criterios de mérito y capacidad exigidos en la docencia universitaria. Sin embargo, tras examinar los datos facilitados por dos tercios de las 48 universidades públicas del país, los investigadores constataron que de las 2.255 plazas que debieron haberse reservado entre 2016 y 2025 de un total de 27.320 convocadas, únicamente se destinaron 244.
El informe señala que durante el periodo comprendido entre 2016 y 2022 ninguna universidad pública cumplió con la cuota establecida, y entre 2023 y 2025 solo las universidades de Barcelona, Jaén, UNED y Zaragoza cumplieron el requisito en alguno de esos ejercicios. Como argumento frecuente para justificar la omisión, los responsables universitarios aducen la dificultad de aplicar el porcentaje cuando las convocatorias constan de una sola plaza, aunque órganos consultivos como el Defensor del Pueblo andaluz han indicado que el cálculo debe planificarse sobre el total de la oferta pública de empleo.
Asimismo, el análisis detecta vacíos competenciales y de supervisión entre los ministerios estatales, los gobiernos autonómicos y las propias instituciones académicas. Los autores proponen reforzar la publicación transparente de los datos, integrar indicadores específicos de discapacidad en los sistemas de información pública y habilitar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
- La normativa española fija un mínimo del 7 % de reserva de empleo público para personas con discapacidad.
- Las universidades analizadas convocaron 27.320 plazas permanentes de PDI entre 2016 y 2025, requiriendo 2.255 plazas reservadas de las cuales solo se cubrieron 244.
- Ninguna universidad pública alcanzó la cuota legal en el periodo 2016-2022.
- Defensores del pueblo autonómicos recuerdan que el cálculo de la reserva debe efectuarse sobre el total de la oferta de empleo público.
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