Un estudio revela que la mayoría de universidades públicas españolas incumplen la reserva de plazas para docentes con discapacidad
“Tengo una discapacidad, ¿puedo ser docente en la universidad?”
Evaluación Forense del Titular: Se sustituye una pregunta retórica de carácter divulgativo por un titular descriptivo basado en los datos clave del estudio analizado.
Un análisis realizado sobre las universidades públicas españolas entre 2016 y 2025 muestra un incumplimiento generalizado de la cuota legal del 7 % de reserva de plazas para personal docente e investigador con discapacidad. El estudio apunta a deficiencias en la planificación, el registro y el seguimiento de esta política pública por parte de las administraciones.
La legislación española establece que un mínimo del 7 % de las vacantes de empleo público deben reservarse para personas con discapacidad, un principio compatible con los criterios de mérito y capacidad exigidos en la docencia universitaria. Sin embargo, tras examinar los datos facilitados por dos tercios de las 48 universidades públicas del país, los investigadores constataron que de las 2.255 plazas que debieron haberse reservado entre 2016 y 2025 de un total de 27.320 convocadas, únicamente se destinaron 244.
El informe señala que durante el periodo comprendido entre 2016 y 2022 ninguna universidad pública cumplió con la cuota establecida, y entre 2023 y 2025 solo las universidades de Barcelona, Jaén, UNED y Zaragoza cumplieron el requisito en alguno de esos ejercicios. Como argumento frecuente para justificar la omisión, los responsables universitarios aducen la dificultad de aplicar el porcentaje cuando las convocatorias constan de una sola plaza, aunque órganos consultivos como el Defensor del Pueblo andaluz han indicado que el cálculo debe planificarse sobre el total de la oferta pública de empleo.
Asimismo, el análisis detecta vacíos competenciales y de supervisión entre los ministerios estatales, los gobiernos autonómicos y las propias instituciones académicas. Los autores proponen reforzar la publicación transparente de los datos, integrar indicadores específicos de discapacidad en los sistemas de información pública y habilitar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
- La normativa española fija un mínimo del 7 % de reserva de empleo público para personas con discapacidad.
- Las universidades analizadas convocaron 27.320 plazas permanentes de PDI entre 2016 y 2025, requiriendo 2.255 plazas reservadas de las cuales solo se cubrieron 244.
- Ninguna universidad pública alcanzó la cuota legal en el periodo 2016-2022.
- Defensores del pueblo autonómicos recuerdan que el cálculo de la reserva debe efectuarse sobre el total de la oferta de empleo público.
Respalda: Tengo una discapacidad, ¿puedo ser docente en la universidad?